MOVIMIENTOS PROJUSTICIA Y PRO DEMOCRACIA EN GUATEMALA
Las organizaciones del Movimiento Pro Justicia manifestamos nuestra honda preocupación por la inestabilidad jurídica que rodeó el reciente proceso de instalación de las comisiones de postulación de candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, período 2009-2014, especialmente porque esta situación se derivó de las acciones de algunos abogados que atacaron el orden constitucional vigente en Guatemala.
Sobre la base de tener inconformidad por las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) en relación con la integración de las comisiones de postulación, algunos grupos de abogados pretendieron hacer su voluntad, y no acatar las resoluciones del alto tribunal.
Incluso acudieron a otros órganos de justicia con el fin de buscar vías de revocación, olvidando que el orden constitucional vigente no admite ningún tipo de acción, recurso o argucia que conlleve el avieso fin de eludir la justicia constitucional. Estos grupos ejercieron presión sobre la administración de justicia constitucional y pretendieron subyugarla a sus intereses particulares.
Afortunadamente prevaleció el orden constitucional e institucional, pero quedó evidente que esa estabilidad es frágil e incierta, porque las resoluciones de la CC no fueron unánimes. Reconocemos el papel fundamental que tuvieron los juristas Alejandro Maldonado Aguirre, Roberto Molina Barreto y Mario Pérez Guerra, pero lamentamos la actitud de otros magistrados, quienes se negaron a salir en defensa de la misma institución que integran.
El Movimiento Pro Justicia siente preocupación por esa falta de unanimidad en la defensa de la integridad de la CC ante los ataques sufridos, porque muestra cuán vulnerable es la situación actual de la justicia constitucional, en la medida que el pleno de magistrados está confrontado y dividido.
Por lo anterior, el Movimiento Pro Justicia afirma que la mejor defensa del orden constitucional es la respuesta legal inmediata y sin titubeo contra quienes ya se han mostrado dispuestos a destruir la institucionalidad del país, con tal de satisfacer sus ambiciones de poder.
Por lo tanto, al Poder Judicial demandamos aplicar el régimen disciplinario contemplado en la carrera judicial contra los jueces que hayan participado en los ataques contra la justicia constitucional, emitiendo resoluciones ilegales e inconstitucionales.
Al Ministerio Público exigimos iniciar de inmediato las acciones de persecución penal contra operadores de justicia, litigantes y dirigentes gremiales que hayan participado en actitudes de desacato, acciones de litigio malicioso y en la emisión de resoluciones ilegales e inconstitucionales.
Es preciso combatir la impunidad que gozan algunas personas que, por su posición en el sistema de administración de justicia o en el gremio jurídico, creen poder hacer subasta con las leyes y las garantías constitucionales. Hay que detener a quienes buscan satisfacer su ansia de poder, sin importar que sus acciones generen incertidumbre y riesgos para la democracia, la institucionalidad y la vigencia del orden constitucional.
